Novedades del Sistema

La función de control de garantías:

Es la Función ejercida por los jueces penales, consistente en la adopción de medidas restrictivas de derechos fundamentales que se hagan necesarias durante la etapa de investigación*. Como se anota, el control de garantías en nuestro país es una función otorgada a los jueces ya existentes, por regla general los penales municipales, y no una nueva categoría de ellos. En aras de mantener la imparcialidad del juez de conocimiento, una de las especiales prohibiciones exigidas tanto como por el Acto Legislativo** que reformó la Constitución como por la Ley 906 del 2004 que lo desarrolla, es el hecho de que el juez de conocimiento y el juez de control de garantías no pueden recaer en una misma persona en un mismo proceso penal.

 

El principio de oportunidad :

Es una de las novedades introducidas por el nuevo sistema en Colombia que puede ser definida como la facultad con la que cuenta el Fiscal para no perseguir una conducta delictiva, basándose para ello en razones de política criminal del Estado y siempre que el caso pueda encuadrarse en una de las 17 causales establecidas por el artículo 324 de la ley 906 de 2004. Así, pese la existencia de mérito para adelantar la acción penal, el Fiscal cuenta con la oportunidad de suspender, interrumpir o extinguir la acción. Es de anotar que aunque en principio esta facultad podría considerarse como una negación al principio de legalidad, según el cual la acción penal debe ser ejercida siempre que existan los presupuestos para adelantarla, en nuestro sistema se logró un punto intermedio entre los principios de legalidad y oportunidad, convirtiendo al primero de ellos en la regla y al segundo en la excepción. De esta manera, tal como se anotó, el principio de oportunidad debe ajustarse a tanto a las causales establecidas en la ley como a los criterios de política criminal para poder ser aplicado, es decir, se trata de un principio de oportunidad reglado y coherente con la incapacidad de cualquier sistema de procesar todas las noticias criminales que lleguen a su conocimiento. Adicional a lo anterior, el artículo 327 de la Ley 906 establece un control obligatorio y automático por parte del juez de control de garantías para los casos en los que el principio de oportunidad acarree la extinción de la acción penal.

 

El papel de las víctimas:

(En contraste con el limitado rol que tenían las víctimas en el sistema anterior, en donde podían constituirse como parte civil en el proceso penal en busca de una reparación económica, el nuevo sistema pretende dar un papel protagónico a quienes se ven directamente afectados por la comisión del ilícito***.

Con este cambio, se deja de lado la antigua visión reduccionista en la que la indemnización económica constituía la única pretensión de las víctimas y se migra a los conceptos de “verdad, justicia y reparación” como pilares de su intervención en el proceso penal****.

Las medidas encaminadas a la atención de las víctimas pueden clasificarse de la siguiente manera*****:

Medidas de atención y protección inmediata: Incluye las medidas adoptadas directamente por el fiscal (v.gr. atención psicológica) y las solicitadas al juez, cuando las medidas impliquen restricciones de derechos del victimario (v.gr. prohibición de acercamiento a la víctima) para atender las necesidades inmediatas de la víctima.

Medidas de restauración y restablecimiento: Encaminadas a que la víctima obtenga la reparación integral del daño sufrido por el delito.

En concreto, algunas de las facultades que adquiere la víctima en el nuevo proceso penal son las siguientes:

  • Solicitar medidas de protección a la Fiscalía
  • Obtener por parte de la Fiscalía y la policía judicial acerca de organizaciones que puedan prestarle apoyo, el procedimiento para presentar una denuncia y el trámite que se le de a ésta, las formas de solicitar protección y obtener asesoría jurídica gratuita, la fecha del juicio oral, la sentencia, entre otros.
  • Intervenir sin estar representado por abogado en las actuaciones previas a la audiencia preparatoria.
  • Recibir asesoría gratuita de un abogado designado por la Fiscalía, cuando no contare con los recursos necesarios para costearse uno.
  • Iniciar el incidente de reparación integral
  • Ser oídos por el fiscal cuando éste decida aplicar el principio de oportunidad

 

Las pruebas:

Una de las principales novedades sobrevivientes con el nuevo sistema tiene que ver con el tema probatorio,

Eliminación de la prueba de referencia******: Es claro que una prueba practicada fuera del juicio haría nugatorio el principio de inmediación producido con el sistema acusatorio. Es por esta razón que la prueba trasladada quedó excluida por regla general y sólo es válida por excepción cuando el declarante se encuentre en una de las circunstancias consagradas en el Art. 438, L. 904/2004*******.

Eliminación de la prueba de oficio: El artículo 234 del estatuto procesal anterior le daba la facultad al juez de decretar pruebas de oficio. Esta facultad fue suprimida con el nuevo sistema lo cual es adecuado atendiendo al principio dispositivo en materia probatoria. El juez no puede convertirse en sucedáneo del fiscal, quien es en quien recae la carga de la prueba en el sistema acusatorio, ni del defensor, dado el principio de separación de roles que caracteriza este sistema penal.

Eliminación del indicio como medio de prueba: A diferencia del código penal anterior, el indicio, como medio de prueba que podía ser válidamente tenido en cuenta por el Juez para llegar a su convicción, desaparece con el nuevo Código Procesal.

 

El Sistema Nacional de Defensoría Pública:

De acuerdo con el artículo 118 de la ley 906 de 2004 “La defensa estará a cargo del abogado principal que libremente designe el imputado o, en su defecto, por el que le sea asignado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública”.

Este sistema fue creado mediante la Ley 941 de 2005 con la finalidad de brindar el acceso a la administración de justicia a las personas que por sus circunstancias económicas o sociales no pueden proveerse un abogado por sí mismas (Arts. 1 y 2). Además, de manera excepcional, se permite que personas que pueden costearse un defensor accedan a un abogado de la Defensoría Pública, siempre y cuando medien circunstancias de fuerza mayor como serían la connotación social del imputado, la trascendencia de los hechos o la imposibilidad de contar con un abogado de confianza. En estos casos el beneficiario del servicio deberá pagar al Sistema Nacional de Defensoría los honorarios y gastos causados. (Art. 43)

 

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Notas de pie de página:

*Algunas funciones de control de garantías establecidas por la ley 906 de 2004 son las siguientes: Ordenar detenciones preventivas a solicitud del Fiscal, modificar y/o revocar detenciones preventivas, determinar la legalidad de las capturas en flagrancia, determinar legalidad de los registros, allanamientos e interceptaciones, decretar la práctica de pruebas anticipadas, ejercer control sobre la aplicación del principio de

oportunidad cuando de este derive la extinción de la acción penal, ejercer control de legalidad sobre el trámite en la incautación u ocupación de bienes con fines de comiso, decidir sobre la suspensión del poder dispositivo de bienes.

**Dice el nuevo artículo 251 de la Carta: “El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en ningún caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido esta función.”

*** En el nuevo sistema, víctimas son “las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño directo como consecuencia del injusto. La condición de víctima se tiene con independencia de que se identifica, aprehenda, enjuicie o condene al autor del injusto e independientemente de una relación familiar con éste”(Art. 132 L. 906 de 2004)

****Aunque no están cobijadas por la noción de “parte” (las partes son únicamente la fiscalía y el acusado), las víctimas en su calidad de intervinientes cuentan con la posibilidad de participar en todas las fases del proceso (Art. 137 L.906 de 2004)

***** A este respecto, consultar: Julio Andrés Sanpedro Arrubla “La reconstrucción victimológica en el sistema penal”. En: Reforma Constitucional de la Justicia Penal. Texto del acto legislativo 03 de 2002 y documentos de trámite. Tomo II. Corporación excelencia en la Justicia, 2003, p. 113.

****** Se entiende por prueba de referencia aquella que fue decretada y practicada en un proceso anterior de cualquier índole. La Ley 600 de 2000 sí permitía la prueba de oficio en estos términos (Art. 239): Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa dentro o fuera del país, podrán ser trasladadas a otra en copia auténtica y serán apreciadas de acuerdo con las reglas previstas en este código”

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i) Manifiesta bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los hechos y es corroborada pericialmente dicha afirmación;

ii) Haya sido secuestrado, desaparecido, o afines

iii) Esté gravemente enfermo y esto le impida declarar

iv) Haya fallecido.

o

v) Cuando se trate de declaraciones que consten en escritos de pasada memoria o archivos históricos