Prohibir ingreso de presos a cárceles para corregir hacinamiento es desproporcionado e irracional

La prohibición de ingreso de nuevos reos a los penales resulta desproporcionada e irracional para solucionar los problemas de hacinamiento que viven las cárceles del país, afirmó el Consejo de Estado.

Por esa razón, le ordenó al Inpec y a las autoridades de la cárcel de Villavicencio (Meta) hacer uso del artículo 75 del Código Penitenciario y Carcelario (modificado por el artículo 53 de la Ley 1709 del 2014), queestablece como causal para autorizar traslados los problemas de superpoblación que afronte el respectivo penal.

Teniendo en cuenta que el juez de primer grado ordenó establecer medidas que impliquen no superar el cupo en cada patio, esto significaría no recibir más presos, lo cual limitaría abruptamente a los jueces para decretar las medidas privativas de la libertad necesarias, advirtió la corporación.

Con estos argumentos, pidió gestionar los traslados a los que haya lugar, asegurar el suministro de agua potable para los presos y corregir el déficit en el suministro de colchonetas que se presenta en el establecimiento penitenciario.

Además, advirtió que la creación de nuevas plazas, mediante la construcción de nuevas instalaciones o su modernización y ampliación, es una medida esencial y constitucional para combatir el hacinamientoy adecuar los sistemas penitenciarios a las necesidades presentes.

"El problema de hacinamiento es un problema estructural, que no puede ser

solucionado con el traslado de los internos o no recibir los que están por ingresar, sino que depende de una política pública que solucione de fondo el fenómeno y de que se asignen recursos por parte del Gobierno Nacional", agregó la sala.

Por último, señaló que la garantía del derecho a la dignidad humana y a la salubridad pública ha sido vulnerada por la situación de hacinamiento que atraviesan las cárceles,sin que el Gobierno haya desplegado labores efectivas para conjurar el fenómeno,que, desde años atrás, viene desconociendo de manera reiterada y sistemática los derechos de los reclusos.