Se requiere endurecer penas a los abusadores de menores de edad: Plazas

A pesar de Colombia haber alcanzado un importante avance legal para judicializar a las personas que abusan de los menores de edad, es necesario endurecer las penas, pero más aún se requiere que impere la sanción social para este tipo de comportamientos.

Así lo señaló Cristina Plazas Michelsen, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué está haciendo el ICBF frente al crecimiento de la utilización de menores para el llamado turismo sexual?

CRISTINA PLAZAS MICHELSEN: Combatir los delitos sexuales contra los menores de edad es prioridad de este Gobierno. Desde el ICBF estamos impulsando acciones conjuntas con la Fiscalía General de la Nación en departamentos como Antioquia y Bolívar, entre otras regiones del país, con los contundentes resultados que hemos visto a través de los medios recientemente. Seguiremos trabajando de la mano con alcaldes y gobernadores para que continúen los operativos y no bajemos la guardia. Pero vamos más allá de la reacción. Estamos potenciando una cultura de prevención y un marco legal pertinente. Apoyaremos decididamente propuestas como la de aplicar la Ley de Extinción de Dominio a quienes fomenten la explotación sexual infantil, para cerrar el cerco a estos criminales y golpearlos donde más les duele: en sus finanzas. El Código Penal Colombiano tipifica el delito de turismo sexual. Debemos precisar que esta es una modalidad de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, que se produce en el contexto de viajes y turismo con la complicidad de muchos actores, eslabones de una cadena delictiva atroz.

En los últimos años, el país ha alcanzado grandes logros legislativos para judicializar a los victimarios, pero aún tenemos retos muy importantes, como el de lograr que la sociedad comprenda cuál es la verdadera importancia de denunciar estos casos para salvar la vida de una víctima. De otro lado estamos emprendiendo una gran campaña con padres y madres de familia y el sector educativo para que hagamos verdadera prevención y para que tanto los hogares como las aulas se conviertan en entornos seguros y protectores. El compromiso ante la explotación sexual debe ser: cero complicidad, cero indiferencia, cero tolerancia.

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