Crisis carcelaria: discurso vs. políticas públicas

En los últimos días, asuntos como el hacinamiento y las precarias condiciones en las que se encuentran los reclusos en los centros penitenciarios del país, se han convertido en el eje de un debate nacional que, si bien se ha planteado hace mucho tiempo, aún no se evidencian políticas públicas contundentes encaminadas a garantizar los derechos de los internos en su plenitud.

La crisis carcelaria que enfrenta Colombia evidencia una falta de gestión por parte del Estado, pues se trata de una situación histórica y deshumanizante que ha sido, incluso, objeto de especial vigilancia por los organismos internacionales.

El Inpec afirma que, en lo que va corrido del año, los niveles de hacinamiento en las 138 cárceles han bajado nueve puntos quedando en un 49 %. Aunque este avance es positivo, lo cierto es que no debería haber ni un solo recluso en esas condiciones.

Las cárceles del Quindío son una muestra de que aún hay mucho por hacer. Hace unos meses, el Inpec ratificó que los centros penitenciarios presentan un hacinamiento que supera el 50 % con cerca de quince mil detenidos y pocos guardianes para atender esa población.

La penitenciaría de San Bernardo, además de presentar una emergencia sanitaria, tuvo que ser cerrada por una acción de tutela que interpuso la Defensoría del Pueblo, mediante la cual denunció las difíciles condiciones, y el "sobrecupo" en el que se encontraban las personas detenidas en ese lugar. En el centro de Peñas Blancas también se han presentado protestas y conflictos por las barreras de acceso a garantías mínimas como alimentación, higiene y salubridad.

Actualmente, al no tener espacio suficiente, se han creado salas de detención temporal bajo custodia de la Policía, que cuentan con menos recursos para garantizar la seguridad y dignidad de los reclusos. Aunque actualmente ya se tienen escrituras para la construcción de una cárcel en el Eje Cafetero, ésta sólo estará lista dentro de dos años. Mientras tanto, se debe actuar.

La Corte Constitucional reconoce que el hacinamiento vulnera la integridad personal de quienes yacen privadas de la libertad. A la vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resalta que los Estados no pueden escudarse en las dificultades económicas, para cumplir con sus deberes frente a los detenidos, debido a que cada país se encuentra en condición de garante con respecto a ellos.

Desde el Movimiento Mira, una vez más, reiteramos el llamado a las autoridades gubernamentales para que materialicen la preocupación expresada en sus emotivos discursos, en acciones concretas en favor de la población carcelaria. La convivencia y el respeto por lo fundamental, no dan más espera en Colombia.

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