La reforma a la detención preventiva se puede quedar corta

El pasado 28 de octubre, el Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, presentó a consideración del Congreso el proyecto de ley radicado en el Senado como 114 del 2014, por medio del cual se pretende modificar parcialmente la Ley 906 del 2004, en lo referente a las medidas de aseguramiento privativas de la libertad.

En su exposición de motivos, se consignó que existe una "accidentada construcción de la política pública en materia criminal en Colombia, orientada permanentemente por situaciones coyunturales y no como producto de una seria planeación de los efectos críticos de la criminalidad y de la manera como la enfrenta el Estado", siendo consecuencia de esto "la presencia desarticulada y fragmentada de políticas públicas que, con objetivos diversos, pretenden hacer frente al asunto criminal". Mea culpa acompañado de un muy serio análisis, que con ilusión nos lleva a creer que, en materia de detención preventiva, ahora sí imperará "una política criminal coherente y articulada que atienda a los principios de razonabilidad y proporcionalidad de las medidas restrictivas de la libertad", conforme a lo que enseña el documento contentivo del proyecto legislativo.

Muestra de ello es que (i) las medidas de aseguramiento privativas de la libertad estarán sujetas a un término perentorio; (ii) la valoración judicial, para su decreto, debe atender los fines y requisitos constitucionales de las mismas, análisis que deberá hacerse a futuro y en relación al comportamiento por venir del imputado; (iii) para los delitos previstos en el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal que hoy implican detención preventiva, sería posible la imposición de una o varias medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, y (iv) que la privación de la libertad del procesado no podrá extenderse de manera indefinida entre la presentación del escrito de la acusación y la celebración de la audiencia de juicio oral[1].

¡Muy bien por la reforma! Excelente que se busque restringir el uso inadecuado de la detención preventiva por parte de los operadores judiciales en Colombia; maravilloso que, como se plantea en el parágrafo 2o del artículo 1o del proyecto, "Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad sólo podrán imponerse, cuando quien las solicita pruebe ante el Juez de Control de Garantías que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento"; plausible que, con las modificaciones propuestas, se pretenda detener los "efectos perversos e innecesarios en el Sistema Penitenciario y Carcelario"; fabuloso que aquello del peligro para la comunidad sea objeto de rediseño, y no menos que dejen de existir vacíos normativos en materia de libertad por vencimiento de términos.

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